“Estamos en un proceso en donde apenas hace dos días la fiscalía y el juez de control nos citó para la audiencia del día de hoy. Apenas estaremos analizando la documentación que tenga la fiscalía para poder entonces tomar una decisión”, dijo Santiago Nieto Castillo.
El principal acto que reclama el magistrado es la resolución emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien el 30 de julio ordenó a la FGR reabrir la investigación en su contra.
El 22 de septiembre de 2020, Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que Ricardo Anaya era una de las 70 personas que investigaba tras la declaración de hechos de Emilio Lozoya, presuntamente favorecidos por sobornos de Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La séptima denuncia es contra tres compañías con características de empresas fachada que habrían desviado los recursos y que además están implicadas en el esquema de presunto lavado de dinero operado desde Odebrecht.
El titular del TEPJF escribió en sus redes sociales que los recursos que le fueron detectados son de origen lícito y tienen “plena correspondencia de mis ingresos y egresos antes y durante mi ejercicio como servidor público”.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dio a conocer detalles sobre la lista “Los Maléficos”, integrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y familiares, así como por funcionarios de la actual administración, quienes fueron espiados durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
“La relación está encabezada por el Presidente López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez. Presentaré una denuncia ante las autoridades”, señaló el actual titular de la UIF, Santiago Nieto.
De 2012 al 2018, empresas con “características de fachada” fueron contratadas por los gobiernos de los dos sexenios anteriores para proporcionar software para “efecto de espionaje telefónico”, primero mediante la empresa NiceTrack Location Tracking, luego con Pegasus, pagando más de 32 millones de dólares.
“Fuentes de la FGR, la UIFy el INE confirmaron a Animal Político que no han abierto ningún expediente para indagar un posible financiamiento ilícito de campañas electorales”, señala la nota.
A Víctor Hugo Guerra García se le acusa de desviar y triangular recursos públicos desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, refiere el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
