Según lo que reporta Sin Embargo, el cuñado de García Cabeza de Vaca “siempre fue visto con desconfianza en algunos círculos de Morena, pero fue el propio López Obrador quien dijo que no había problema”.
Se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, Cárteles Unidos y el Independiente identificado como una célula de “Los Beltrán Leyva”, que la Administración de Control de Drogas (DEA) los cataloga como la mayor amenaza criminal para Estados Unidos.
El gobernador electo de San Luis Potosí insistió en que no existe evidencia pública alguna, ni documental ni periodística en la que la UIF haya informado sobre una investigación en su contra.
El gobernador panista, está entre las ocho personas a las que se han bloqueado sus cuentas debido de las denuncias hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto.
La información indica que también se revisó al exsecretario de Desarrollo Social José Antonio Meade y al gobernador de Puebla Miguel Ángel Barbosa, quienes no registraron irregularidades.
La situación ocurre a pocos minutos de conocerse que el aún gobernador de Tamaulipas está bajo una orden de aprehensión lograda por la Fiscalía Genera de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero.
El pasado 29 de abril la Alianza Federalista consideró que el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, muestra el “uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país”.
La ampliación de las denuncias se produce el mismo día en que trascendió que García Cabeza de Vaca acusó judicialmente al propio Santiago Nieto en Estados Unidos por, supuestamente, filtrar detalles del caso a la prensa.
La denuncia de Cabeza de Vaca se produce a pocos días del fin del juicio de procedencia en su contra en la Cámara de Diputados, un fallo que se dará a conocer el 26 de abril y tras el que podría resultar desaforado.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó a ocho de sus empresas que operan en el país deducir 35 mil 76 millones 336 mil 853 pesos del impuesto sobre la renta (ISR).
