Por Héctor Tapia
No es el narcotráfico lo que trae “de cabeza” al país y al estado, sino la pugna entre grupos delincuenciales por disputarse las plazas mediante la extorsión, con la cual financian la compra de armamento, la contratación de sicarios y la compra de policías, refirió César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).
Es por ello que la estrategia de seguridad medular en Michoacán se centra en el combate a esta práctica, la cual afecta a todos, no sólo al sector productivo del estado, sino que incluso abarca a otras esferas de la vida cotidiana, explicó.
La violencia es por la pugna de quién o cuál grupo cobra el derecho de piso, que es lo que les permite a dichas organizaciones financiarse para el resto de sus actividades ilícitas, aseveró.
En entrevista fue profundizando en varios temas específicos en cuanto al comportamiento de la incidencia delictiva en el estado, en la que destacó que Michoacán pasó de la posición número 19 en cuanto a incidencia de delitos de alto impacto, al número 25 de la tabla a nivel nacional; es decir, aseveró, “tuvimos una disminución del 17.2% en delitos de alto impacto de octubre del 2021 a diciembre del 2022”.
Por otro lado, explicó, en lo que se refiere a los homicidios dolosos, estos presentaron un decremento del 32.3%; “en enero del 2022 traíamos 264 víctimas, en enero del 2023 se elevó a 111 víctimas. Falta mucho pero vamos bajando”, y los avances, consideró, son importantes.
“En diciembre del 2021 éramos el segundo lugar en homicidios dolosos, Guanajuato era el primer lugar. En diciembre del 2022 bajamos a la posición cinco nacional; se dice poco pero es un tema importante. Ahí vamos, la estrategia de seguridad está funcionando”, añadió el titular del SESESP.
Fue en ese contexto en que César Erwin Sánchez dijo que lo que se viene observando, no sólo en Michoacán, sino en todo el país, es que el narcotráfico es el que está moviendo a las organizaciones delictivas: “No es así, no es el narcotráfico el que trae al país y al estado de cabeza; es la extorsión, es hacia donde se dirige nuestra estrategia medular, y consiste en atacar y en combatir este delito”.
La extorsión, abundó, alcanza hasta quien le piden dinero por derecho de piso o para dejarles funcionar a algún establecimiento, o para dejar trabajar a algún limonero, aguacatero, incluso afecta al transportista. “Todo esto impacta en el precio final que recibe el ciudadano” por un producto o servicio específico, detalló.
“Esta extorsión es la que financia armamento, contratar sicarios, comprar a la policía; por ello, el objetivo principal es estar combatiendo la extorsión, por eso se pelean las plazas, no se las pelean por el narcotráfico, no es el narcomenudeo, es por quien cobra el derecho de piso”, profundizó Sánchez Coria.
Por ello, dijo, la intención es erradicar esta práctica para que no siga afectando a los ciudadanos.
“Cuando dejen de cobrar piso, no habrá recursos para pagar toda su estructura (criminal), con esto se debe de ir incidiendo en la delincuencia” para que a su vez vaya a la baja.
Por esta razón, señaló el titular del SESESP, es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla “está buscando reformar normativas”, porque en materia de seguridad no basta con la estrategia operativa con la Secretaría de Seguridad Pública, sino también es abordar los aspectos legales que se tienen que modificar.
Explicó que muchas veces se llegaba a denunciar una extorsión, y habiendo elementos, con la normativa deficiente, “cuando lo presentabas ante un juez, este decía que tenía que tener ciertas características para que se cumpliera el delito”, por lo que finalmente terminaban desechándose muchos casos.
“Existen deficiencias que son las que se buscan eliminar”, señaló.
Sin embargo, para atender el tema de la inseguridad también se requieren abordar desde otros ángulos para que haya efectividad, desde la proximidad en los municipios y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la cual, señaló, “es fundamental”, y lo otro es el equipamiento y capacitación, aspecto que se está avanzando por medio del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).
Al entrar a este Fondo y su funcionamiento, César Erwin Sánchez refirió que, con el Fortapaz, en 2022 se trató de equipar a la policía existente, y ahora, en 2023, “su objetivo principal es el de incrementar los policías requeridos por el estado, que es de 1.8 policías por cada mil habitantes”.
En Michoacán, explicó, “tenemos u déficit de tres mil 700 elementos” de seguridad, los cuales, para ser reconocidos plenamente, tienen que estar obligadamente certificados.
“Ahora hay que tener más fuerza municipal y cumplir ese mínimo requerido para continuar con estos números que van bien (de la baja en la incidencia delictiva), aunque falta mucho, pero se está trabajando, y vamos por un camino bien. Los índices delictivos lo están marcando”, refirió.
De los 113 municipios, abundó César Erwin Sánchez, Zitácuaro es el único que cumple con el mínimo requerido, ni siquiera Morelia; y en contraparte, “tenemos municipios como Aquila, Zináparo, Huiramba, Tumbiscatío, Arteaga, que no tienen policía municipal; sí hay presencia de la Guardia Nacional y Civil para estar cuidando estos municipios”, explicó, y remarcó que esos cinco municipios son los que no cuentan con elementos de policía municipal reconocidos o acreditados como tal.
El titular del SESESP dijo que hay buena respuesta de los municipios y han manifestado sus intenciones de avanzar en ese pendiente; “tenemos ya 600 elementos que nos han hecho llegar los 113 municipios para ser evaluados en el examen de confianza; ya hay 600 elementos en esta primera ventanilla”, lo que calificó como positivo.
“Lo primero era que el municipio, en cierta forma, jalara y estuviera de acuerdo que les hace falta, y reconocieron su deficiencia y están trabajando, es muy bueno”, añadió.
Por ello, es que “el reto y urgencia es llegar al mínimo requerido, no se puede pensar en otorgar más equipo si no tienes elementos, el tema es llegar; este año debemos llegar a la meta. No puedes hacer tu trabajo como Estado si no tienes elementos que te apoyen. No podemos tener una estrategia de papel si no cuentas con el elemento operativo que te permitirá aplicar”.
Actualmente hay 75 municipios que ya firmaron convenio con el Fortapaz, y del 3 al 28 de abril se estará abriendo la segunda ventanilla para iniciar con la otra parte del registro, con la intención de que se incluyan los 113, contra los 97 que se registraron en el 2022.
