Además del estigma de abortar, enfrentar una sanción penal es mucho para una mujer, dijo la ministra Ana Margarita Ríos. Lo anterior, sienta una jurisprudencia y obliga a los jueces de todos los estados país a fallar de la misma manera.
Son ocho los ministros que se pronunciaron por declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, con el cual, sin importar el motivo, se penaliza el aborto en la etapa inicial con uno a tres años de prisión. Esta acción repercutiría en todo el país.
Los legisladores aprobaron la iniciativa presentada por la diputada morenista Mónica Robles Barajas. El dictamen establece que cualquier veracruzana puede interrumpir el embarazo hasta el tercer mes de gestación.
La asociación emplazó a las autoridades estatales a reconsiderar la legalización del aborto, en respuesta a los múltiples casos de violación que se reportan en el estado.
El dictamen indica que los médicos tienen el derecho a argumentar una objeción de conciencia, aunque con la obligación de derivar a la mujer a otro especialista.
La actualización al “Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México” pone en regulación “la objeción de conciencia” del personal de salud, es decir, aunque personalmente estén en contra de la práctica, no podrán negarse porque es parte de un servicio de salud.
Colectivos feministas acusan que mantener la penalización del aborto convierte a México en un país que falla a la mitad de sus habitantes, reafirmando un prejuicio que las coloca como ciudadanas sin derechos.
“Mi posición (en favor del aborto) la conocen”, dijo la titular de Segob. “Tengo 50 años sosteniéndola; pero, desde luego, las mujeres decidirán porque así lo ha indicado el presidente”.
La ONU recordó que en muchos países de AL en donde no se ha legalizado la medida se discrimina a mujeres y niñas que viven en la pobreza y no pueden viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro.
