“Somos un gobierno feminista”, resaltó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante su discurso en la entrega de su Segundo Informe de Gobierno, al Congreso de Michoacán.
En Michoacán, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Carolina Rangel Gracida, alista una iniciativa sobre la interrupción del embarazo que garantice el respeto a derechos sexuales y reproductivos.
La diputada local Gabriela Cazares Blanco (PT), en conjunto con Marea Verde Michoacán y Red ASALEAS, anunciaron la presentación de una nueva propuesta de iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 24 semanas en Michoacán.
La diputada María de la Luz Núñez Ramos presentó una nueva iniciativa “para despenalizar y legalizar el aborto” en Michoacán; esta se suma a la presentada por Gabriela Cazares, y realizada en conjunto con Marea Verde y Red Azaleas.
“Si bien, esta noticia retumbó con alegría en los círculos feministas, rápidamente nos dimos cuenta de que no es más que un engaño y una simulación más de las y los diputados”, indicó a través de un posicionamiento el Frente Violeta Michoacán.
Para el legislador local, el dictamen debe seguirse de forma cabal desde la Comisión de Justicia, que es donde se había desahogado el tema, sobre todo al ser un rubro “tan sensible” como es el de la interrupción del embarazo.
El Congreso del Estado permanece bloqueado por grupos autodenominados “provida” que se plantaron en los accesos del edificio legislativo en rechazo al dictamen que venía en el sentido de despenalizar el aborto en el estado.
El Congreso del Estado de Michoacán se prepara para aprobar la despenalización del aborto en la entidad, en una sesión extraordinaria que se realizará este miércoles.
La SCJN sentó un precedente este lunes al invalidar el derecho a la vida desde la concepción, contenido en una frase del Artículo 2, párrafo cuarto, de la Constitución del Estado de Aguascalientes.
Desde Michoacán, la senadora Olga Sánchez Cordero se puso el pañuelo verde y se posicionó en contra la "recriminalización" de las mujeres que abortan, al señalar como “violencia institucional” no despenalizar la interrupción del embarazo.
