Durante una acción operativa implementada en el municipio de Charo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró un predio por su posible relación en el delito de Cambio de Uso de Suelo y detuvo a una persona que realizaba instalaciones de riego.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán busca a José Manuel Peñaloza Basurto “El Rojo”; Magnun Alejandro Huerta Estrada “El Pato”, y Diego Manuel Corona Zarate “El Loco”.
El encargado de la procuración de justicia en el estado adelantó que en próximas horas se estarían girando las órdenes de aprehensión correspondientes y, posterior a ello, se estaría ofreciendo una recompensa a quienes colaboren en la localización de los orquestadores de la masacre en La Cantina 25.
El fiscal Adrián López remarcó que entre 90% y 95% de los delitos de homicidio consumados en Michoacán están vinculados con la delincuencia organizada, situación que, reconoció, complica el proceder de la investigación correspondiente.
Se trata de un hombre de 19 años de edad originario de República Dominicana, así como un empleado de seguridad, de 27 años, y el capitán de meseros, de 23 años, ambos trabajadores del bar.
El funcionario del gobierno de Michoacán acudió a la instalación de la Mesa Técnica de Coordinación Institucional para Garantizar el Acceso a la Justicia y la Atención Integral para las Mujeres y Niñas del estado.
Al preguntársele si teme que con la llegada de Alfredo Ramírez pueda ser removido del cargo, Adrián López Solís subrayó que se mantendrá en el cargo mientras haya condiciones para ello.
Adrián López Solís llamó a mantener firme el compromiso de brindar a la ciudadanía certeza en las actuaciones con atención especializada y profesional.
Galileo, el equipo de control activo de datos, costó 263 millones de pesos mediante un contrato de arrendamiento. El sistema, aseguran, está caduco y ya no se usa, y es probable que haya sido usado para fines contrarios a los adquiridos.
El fiscal General del Estado, Adrián López Solís, detalló que en la línea de investigación que gira en torno al caso, se valoró como prioridad la actividad periodística que desempeñaba la víctima, pero desconoce si el asesinato se debió a algo relacionado con ello.