El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso por el delito de tortura y desaparición en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Jesús Murillo Karam enfrenta un nuevo cargo en su contra, esta vez por su presunta responsabilidad en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, probable sicario de Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El exprocurador general de la República, que ha estado en constante revisión médica desde que fue detenido en agosto de 2022, dejó el domingo el Reclusorio Varonil Norte y fue trasladado al Hospital de Cardiología.
El exprocurador General de la República, detenido por la Fiscalía General de la República acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa, padece hipertensión.
La suspensión de la vinculación a proceso contra el exprocurador “no significa que vaya a salir de la cárcel”, dijo el mandatario, y aseveró que aunque “tenemos el compromiso de aclarar esta situación”, el proceso no “es un asunto del presidente”.
Esto no implica que el exfuncionario saldrá del Reclusorio Norte, puesto que la Fiscalía General de la República puede apelar el resolutivo y que el caso se turne a un tribunal colegiado que determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juez federal.
A decir de su abogado, el término para impugnar no ha terminado, por lo que están a la espera de los resultados de los estudios médicos que le practicaron al exfuncionario, quien permanece sujeto a prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que se dé a la fuga.
“La voluntad dictatorial de este Gobierno queda cada vez más en evidencia. Sin temor a nada, violan los derechos de quienes les resulten incómodos y de todo aquel que su persecución sirva a su narrativa”, dijo en Twitter el líder priista.
La defensa deberá ofrecer hoy las pruebas que dijo tener para demostrar que el exprocurador no “fraguó” la llamada “verdad histórica” en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que tampoco consintió la tortura a detenidos.