El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de militares tras el ataque registrado el jueves en Aguililla e informó que fue por un “explosivo”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que militares puedan interceptar comunicaciones de civiles, sin la autorización de un juez civil.
El miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, le negó el acceso al salón de sesiones de San Lázaro a la escolta militar con la bandera nacional, argumentando que estaban armados. Nos apegamos al protocolo, sostiene la Sedena.
El presidente se mofó de los diputados que se escandalizaron por la presencia de la escolta militar armada en la Cámara de Diputados para el acto protocolario del inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. “Pura politiquería, no es serio eso”, dijo.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación dijo que los militares sí participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que la FGR ha sustentado esas imputaciones.
Acusan que dichos funcionarios incurrieron en los delitos por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, luego del informe presentado el 18 de agosto.
Según un video que circula en redes sociales, elementos del Ejército mexicano son obligados a retirarse de Nueva Italia por presuntos grupos criminales.
Familiares de las víctimas interpusieron denuncias tras ser informados de la muerte de sus allegados. Al parecer, se trataba de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos castrenses.
La Sedena reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República, bajo el argumento de que “no le toca”.
