Tiene tres años prófugo de la justicia en Tel Aviv, Israel; está acusado de tortura en el caso Ayotzinapa y de espionaje con el programa Pegasus, pero Tomás Zerón de Lucio, en su reaparición pública, se dijo perseguido político.
El presidente dijo que hay medios de comunicación “pagados” que rechazan a su gobierno y que por eso actúan mediante información que, para perjudicarlo, “quieren que se convierta en un escándalo”. Es un “asunto que no tiene relevancia porque es mentira, así de sencillo”, dijo tajantemente.
Esta prohibición es resultado de la revelaciones sobre la firma israelí NSO Group, creadora de Pegasus, programa utilizado en medio centenar de países para espiar a tanto a periodistas y defensores de derechos humanos, como a jefes de gobierno y opositores.
Las fechas para mostrar Pegasus al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, así como al expresidente Felipe Calderón, fueron pactadas por el empresario José Susumo Azano, según información de Proceso.
“Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello”, expusieron en conjunto la CIDH, RELE y la ONU-DH.
“En la actualidad no hay contratos con estas empresas (NSO Group), sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina…, para llevar a cabo labores de inteligencia”, señaló el presidente de México.
Autoridades alemanas admitieron que los ataques realizados con el programa Pegasus se dirigen “a objetivos individuales y no (son) una campaña dirigida a la distribución masiva”.
La titular de la SSP señaló que los 31 contratos involucran a los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que uno de los protagonistas fue Genaro Garcia Luna.
El 31 de mayo de 2016, Eugenio Imaz Gispert, entonces director del Cisen, contrató por 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños VME, que entonces vendía Pegasus en México, según documentos obtenidos por la Red en Defensa de Derechos Digitales.