Desde que fue extraditado a México en julio de 2020, Lozoya ha permanecido en libertad por acuerdo con la FGR para negociar el resarcimiento del daño causado al erario federal, buscando además no ser enjuiciado y sentenciado a cambio de dar información que lleve a la captura de otros exservidores públicos por incurrir en delitos de mayor grado.
A petición de la Fiscalía General de la República, el juez encargado de la audiencia ordenó prisión preventiva justificada para Laura Bozzo en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
El titular del TEPJF escribió en sus redes sociales que los recursos que le fueron detectados son de origen lícito y tienen “plena correspondencia de mis ingresos y egresos antes y durante mi ejercicio como servidor público”.
La FGR, comandada por Alejandro Gertz Manero, fue duramente criticada cuando aceptó que no tiene certeza de que las prácticas de espionaje telefónico cesaran durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“A pesar de que han transcurrido dos meses de que presenté ante la FGR formal denuncia por los delitos que me imputó Tartufo, no he sido citado para ratificarla y que se ordene la investigación que exige la ley”, escribió Fernández de Cevallos en su cuenta de Twitter.
Según Ignacio Mendoza, la Fiscalía General de la República ya está recabando pruebas para contrastar la versión de los hechos que ofreció Israel Patrón, titular de la SSP, quien “va a pasar entre 3 y 9 años en prisión por mentirle a un juez federal”.
La defensa del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, único detenido por la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó se entrevistara a Peña Nieto, así como a una docena más de políticos señalados por Lozoya.
El programa sólo lo usaría la FGR y sería para investigar a grupos o personas implicados en delitos. El problema es que la información obtenida de grupos delictivos de interés bilateral tendrá que ser compartida, siendo ese el motivo por el cual no se ha autorizado.
El Comité tiene registrados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a 251 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos de forma arbitraria.
