El Ministerio Público Federal presentó como argumento que esa propiedad fue adquirida por los presuntos sobornos recibidos por Lozoya Austin durante el proceso de compra-venta de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reafirmó que uno de los principales objetivos es reducir la venta de petróleo crudo y la compra de gasolinas para mantener precios justos y evitar alzas en los precios de los combustibles.
El titular de Pemex, Octavio Oropeza, enfatizó en la importancia de la seguridad que Gas Bienestar brinda a los consumidores al entregar cilindros nuevos o rehabilitados.
“Vamos a estar en condiciones de procesar toda nuestra materia prima. Esperemos que se pueda concretar, llevar a cabo para 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Es un giro, un cambio muy importante en cuanto a nuestra política petrolera y es una muy buena noticia”, subrayó el presidente.
La revisión de la operación por parte del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) (un grupo de seguridad nacional presidido por el Tesoro) no terminó en diciembre como se esperaba, por lo que se cuenta hasta el 13 de enero de 2022 para autorizarla.
Al ser una decisión que requiere de audiencia con la presencia de la defensa y la Fiscalía General de la República se citó a audiencia este miércoles 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte.
Carlos Treviño Medina fue director de Pemex de 2017 a 2018, durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se le acusa de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con la planta de Etileno XXI.
La votación se realizará el 31 de enero a través de la plataforma SIRVOLAB, desarrollada por la misma STPS y que fue puesta a disposición del sindicato. Se estima que participen los 89 mil trabajadores del padrón de votantes.
La audiencia fue solicitada por un juez y se realizará con el objetivo de determinar si se termina con el plazo para la investigación complementaria o se otorga una sexta prórroga –esto último fue solicitado por la defensa de Lozoya–.
