El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la prórroga que se otorgó a las Fuerzas Armadas para permanecer en la Guardia Nacional es inconstitucional, y ahora lo ratifica una jueza, desde punto de vista jurisdiccional.
Según los resultados de la encuesta, la mayoría apoya que la Sedena administre aeropuertos, puertos y aduanas, así como su participación en la construcción de obras de infraestructura.
El secretario de Gobernación se reunirá con los diputados locales el martes para promover la aprobación de la reforma en materia de seguridad que amplía hasta 2028 el periodo de apoyo de la Sedena y la Semar en tareas de seguridad pública a la Guardia Nacional.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció este miércoles ante el pleno del Senado, en compañía de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda.
En conferencia de prensa, López Obrador sugirió a los reporteros no darle “importancia a eso”, porque “no es nota”. Nota es, dijo, “que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo (…) Lo demás son nuestros adversarios”.
La reunión de trabajo planteada para el miércoles entre Luis Cresencio Sandoval y legisladores federales tenía como fin hallar mecanismos para entregar mayor presupuesto a la Sedena “para evitar el hackeo”.
La medida, realizada mediante su Consejería Jurídica, responde a la suspensión que Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito con sede en Guanajuato, dio al decreto en favor de la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez.
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, desde Sinaloa, expuso la pertinencia de la permanencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad y celebró que en Oaxaca hayan acelerado la aprobación.
“Hay 53 amparos… ya esto está como el Aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad… Ustedes deben de imaginar de dónde viene, no hace falta investigar mucho”, subrayó el presidente.
Un juez noveno de distrito en Guanajuato admitió a trámite un amparo promovido por Ángel Castro, defensor de los derechos humanos y otras organizaciones civiles que se oponen a la militarización y que pretenden que se declare inconstitucional el decreto.
