En su primera participación en la conferencia matutina, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, informó que en territorio mexicano se han decomisado 70 mil 571 armas por parte de los tres niveles de gobierno.
Tras la reunión bilateral México-Estados Unidos, ambas naciones acordaron reducir de forma drástica la llegada de precursores químicos a este país, así como el tráfico de armas de fuego de alto poder provenientes del vecino del norte.
“Estoy decidido a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad”, afirmó Biden a las familias de víctimas de tiroteos; luego, llamó al Congreso a asumir su “responsabilidad” y aplicar medidas para evitar la circulación de rifles semiautomáticos.
Alejandro Moreno dijo que esto les permitirá “proteger sus casas, sus negocios, sus vidas, a la gente que está indefensa. Llegan a las casas, negocios y asesinan a mujeres, hombres, que no pueden defenderse, porque no hay un control y registro para que puedan tener esa disposición”.
La cancillería mexicana obtuvo el respaldo de 17 procuradores estatales y 27 fiscales de distrito en Estados Unidos, así como de organizaciones antiarmas, de los gobiernos de Belice y Antigua y Barbuda de y asociaciones de profesores de Derecho de varios países, los cuales se presentaron a favor de los argumentos del gobierno mexicano ante la Corte de Massachussets.
En el primer, tercer y cuatro trimestre del año 2020, y en el primer trimestre del 2021, Michoacán fue la entidad con más armas registradas, solo por detrás de la Ciudad de México. Pero, según instancias oficiales, las armas registradas son apenas una parte de la que circulan.
Los municipios donde se han llevado a cabo el mayor número de aseguramientos de armas son Tijuana, Juárez, León, Guadalajara, Reynosa, Querétaro, Nuevo Laredo, Mexicali, Culiacán y Celaya.
Para el juez Juliuys Richardson, nombrado por el expresidente Donald Trump, tener armas es un “valioso derecho constitucional” y dijo que no se puede relegar a las personas de 18 a 20 años “a un estatus de segunda clase”.
Ebrard dio así una señal directa a Estados Unidos y a la nueva administración de Joe Biden, y una versión indesmentible respecto de lo que piensa el gobierno de México sobre el problema.