El secretario de Gobernación impulsó en el Congreso de Hidalgo la reforma que busca ampliar hasta 2028 el periodo de apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha fungido como cabildero del gobierno federal en los congresos estatales para promover la aprobación de la reforma. Se sabe que ayer estuvo en Tlaxcala y que este viernes estará en Puebla. La próxima llegará a Michoacán con el mismo propósito.
En conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que si la Guardia Nacional sigue fortaleciéndose, apoyada por las Fuerzas Armadas, se convertirá “en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública”.
El secretario de Gobernación se reunirá con los diputados locales el martes para promover la aprobación de la reforma en materia de seguridad que amplía hasta 2028 el periodo de apoyo de la Sedena y la Semar en tareas de seguridad pública a la Guardia Nacional.
Con encuestas del Inegi sobre el respaldo de los mexicanos a Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, el presidente reprochó a la oposición que voten contra las instituciones que antes usaron, dijo, para torturar. “Buenos hipócritas”, les dijo.
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, desde Sinaloa, expuso la pertinencia de la permanencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad y celebró que en Oaxaca hayan acelerado la aprobación.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo sentir lástima por la hipocresía de quienes ejercen tareas en los gobiernos, porque mientras que “con una mano piden a gritos” que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional los apoyen en seguridad, con la otra “les niegan a los mexicanos esta posibilidad”.
“Hay 53 amparos… ya esto está como el Aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad… Ustedes deben de imaginar de dónde viene, no hace falta investigar mucho”, subrayó el presidente.
Un juez noveno de distrito en Guanajuato admitió a trámite un amparo promovido por Ángel Castro, defensor de los derechos humanos y otras organizaciones civiles que se oponen a la militarización y que pretenden que se declare inconstitucional el decreto.
El gobernador respaldó la solicitud que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los Congresos estatales avalen el dictamen al considerar que es necesario que el sistema de seguridad en el país se refuerce para disminuir índices delictivos.
