Se trata de la primera vez que Estados Unidos consigue que un juzgado mexicano acceda a confiscar a su favor varias propiedades del criminal, esto como parte de una acción de extinción de dominio, por lo que las propiedades pasarán al Departamento de Justicia estadounidense.
“El pedido fue entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte de la embajada de Estados Unidos en México”, señaló la cancillería mexicana, según el diario Proceso. La solicitud añade cuatro encauzamientos judiciales contra el criminal detenido el 15 de julio.
En este reemplazo de cargos se da cuenta de las agresiones y conspiraciones contra agentes e informantes de la DEA con las que se buscaba conocer sobre sus operaciones en México y Estados Unidos, aunque la mayoría de los demás cargos están relacionados con el secuestro y asesinato del agente Enrique Camarena Salazar.
El narcotraficante, en su amparo, reclamó la extradición o expulsión del país, por lo que la suspensión lo protegió al respecto, pero además tiene otra que lo protege contra su extradición sin previo proceso judicial.
Un juez del Estado de México admitió a trámite el amparo interpuesto por la defensa del narcotraficante, y programó para las 10:00 del 26 de agosto la audiencia constitucional, en la cual se determinará el juicio de amparo.
La Fiscalía General de la República demandó al narcotraficante, así como a su esposa e hijos, la extinción de dominio de cinco bienes inmuebles que el capo posee en Zapopan, Jalisco, con el fin de que no sean destruidos o deteriorados en tanto se resuelve el juicio.
El narcotraficante no podrá ser entregado a Estados Unidos si no enfrenta antes un juicio de extradición, según lo que determinó el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, quien otorgó la medida cautelar a solicitud de Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del criminal.
En conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que su encuentro en Estados Unidos con Joe Biden fue para tratar “otros asuntos”, lejos de acordar la detención del narcotraficante prófugo desde 2015. “Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no”, explicó.