Tiene tres años prófugo de la justicia en Tel Aviv, Israel; está acusado de tortura en el caso Ayotzinapa y de espionaje con el programa Pegasus, pero Tomás Zerón de Lucio, en su reaparición pública, se dijo perseguido político.
El exprocurador General de la República, detenido por la Fiscalía General de la República acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa, padece hipertensión.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación dijo que los militares sí participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que la FGR ha sustentado esas imputaciones.
La autorización de nuevas órdenes de aprehensión impidió que el exalcalde y su esposa, acusados de delincuencia organizada por su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, salieran en libertad.
A decir de su abogado, el término para impugnar no ha terminado, por lo que están a la espera de los resultados de los estudios médicos que le practicaron al exfuncionario, quien permanece sujeto a prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que se dé a la fuga.
El canciller dijo que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura, no escapará de la acción de la justicia, porque su extradición es una prioridad del Gobierno de México.
Sobre el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal pesa una orden de captura por tortura y delitos contra la administración de la justicia relacionados con la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La defensa deberá ofrecer hoy las pruebas que dijo tener para demostrar que el exprocurador no “fraguó” la llamada “verdad histórica” en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que tampoco consintió la tortura a detenidos.
El 30 de septiembre de 2014, mediante una llamada anónima que se recibió en el número de emergencia 089, el Ejército fue enterado sobre que seis jóvenes fueron llevados con vida a una bodega en Iguala, menciona el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que “los que no habían participado” en la desaparición se pusieron de acuerdo con los que sí “para ocultar los hechos”, con el fin de fabricar la llamada “verdad histórica”. Si hay más implicados en el caso, añadió, la FGR y jueces “lo van a decidir en absoluta libertad”.
