El decreto entró hoy en vigor y da a Moscú el poder de sembrar el caos en los mercados, puesto que podría detener en cualquier momento las exportaciones o romper contratos con una entidad o persona sancionada.
Al ser cuestionado por reporteros durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario se refirió al apoyo que proporcionará a Ucrania para que siga en la defensa de su territorio contra las tropas rusas, algo que Rusia reprueba.
Una de las exigencias del presidente ruso es que Ucrania reconozca la soberanía de Rusia sobre Crimea y la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania como parte de un acuerdo futuro para acabar con las hostilidades.
“Garantizará la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva”, declaró el mandatario ruso.
Los comentarios se dan luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitara Bucha, una de las ciudades que rodean a Kiev, donde las autoridades dijeron haber encontrado cuerpos de civiles; sin embargo, Biden no calificó las acciones como genocidio.
Según la encuesta publicada hoy por el instituto ruso independiente Levada, con respecto a datos presentados en febrero, alrededor del 83% de los rusos aprueba las acciones del presidente de Rusia.
El presidente de Estados Unidos convivió con refugiados ucranianos en Varsovia, donde se le preguntó su opinión acerca de su homólogo ruso. Anteriormente se refirió a él como “criminal de guerra”.
Despojar a Rusia del estatus de nación más favorecida permitirá a Estados Unidos y a sus aliados imponer mayores aranceles a sus importaciones rusas, intensificando así el aislamiento de esa economía en represalia por la invasión a Ucrania.
Las reformas prevén hasta 15 años de cárcel para quien propague información con la que se busque “desacreditar” a las fuerzas armadas del país, y otra castiga los “llamados a imponer sanciones a Rusia”.
El presidente de Estados Unidos rindió su primer informe sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, al que anunció nuevas sanciones contra Rusia como castigo por la invasión a Ucrania, y aprovechó para solicitar una reforma migratoria.
