Las denuncias por irregularidades, desfalcos y presuntos actos de corrupción encontrados se interpondrán a finales de diciembre e inicios de enero de 2022, adelantó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.
Héctor Tapia / Metapolítica
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De gira por el municipio de Apatzingán, el mandatario michoacano refirió que con respaldo del gobierno federal, la administración a su mando echaría a andar los proyectos carreteros considerados para la región de Tierra Caliente en el transcurso del próximo año.
Entrevistado en el municipio de Apatzingán, el gobernador consideró que resultaría contradictorio votar en un contra un presupuesto que, sostuvo, se impulsó sin déficit ni incrementos en impuestos, a excepción del cobro por reemplacamiento.
“Tenemos el dato de que hay mil 500 michoacanos que han tenido que recurrir a la migración forzada, sobre todo en la región de Tierra Caliente, donde han padecido problemas de violencia e inseguridad”, comentó la titular de Semigrante.
En este marco, se realizó también la firma del acta de instalación e integración de las unidades e instancias operadoras del sistema institucional de archivos de la Dirección de Archivos y con ello formalizar la trabajo normativo y operativo, y dar cumplimiento a la Ley General de Archivos.
Los presidentes municipales panistas mostraron disposición para trabajar coordinados con la administración estatal y pidieron mantener comunicación directa para atender necesidades prioritarias, además de facilitar trámites para proyectos de infraestructura carretera, hidráulica, educativa, de salud, apoyo al campo y productores ganaderos, entre otros.
A diferencia de las proyecciones del Instituto Nacional de Migración, la titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, Brenda Fraga, refirió que el gobierno michoacano “está calculando que estén arribando 50 mil michoacanos”.
“Palacio de Gobierno es uno de los ejemplos más contundentes del valor que tiene el patrimonio cultural edificado frente al paso del tiempo, de ahí la importancia de su protección y conservación”, manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.
Con la reforma a la Ley Orgánica se estableció la desaparición de la Unidad Programática de la Coordinación General de Comunicación Social, la Consejería Jurídica y otras dos adicionales, fusionándolas sin que se dejen de realizar las funciones que las extintas realizaban.
